Pensamiento lateral.
Designaciones,
más difícil que ganar una elección.
Por:
Miguel Á. Martínez Castillo. (*)
Un instante más y habrás
olvidado todo; otro, y todos te habrán olvidado.
Marco Aurelio. Emperador Romano
(121-180 d. C.).
Si algo caracterizará al 2016 será
porque habrá renovación de 13 gubernaturas, 441 diputaciones locales y 1,182
ayuntamientos en una tercera parte del país.
3 de las actuales gubernaturas son gobernadas hoy por la oposición:
Puebla, Oaxaca y Sinaloa. El resto está
bajo dominio del PRI. Pienso, luego de
una revisión a las últimas encuestas realizadas por El Universal en entidades como Tlaxcala, Quintana Roo y Oaxaca, así
como en el municipio de Tijuana, que la parte más complicada para el PRI será
la definición de su candidato y no tanto el proceso electoral per sé.
Señalo lo anterior puesto que el
poder del presidencialismo en México está atravesando por una crisis de
efectividad, aunque ello no significa que haya desaparecido. La alternancia en 2000 no sólo afectó a este
partido político en el hecho de perder la presidencia sino también en su vida
interna. Reconfiguró los mecanismos de
selección de sus candidatos y transfirió –durante 12 años- el poder de decisión
sobre la sucesión a los gobernadores.
Con el retorno del PRI a la presidencia en 2012, ese poder se ha visto
amenazado pues hasta los partidos tienen sus demonios internos.
Aunado a ello, el poder desmesurado
de los gobernantes en sus entidades ha llegado a niveles, considerado por sus
propios correligionarios, como insostenibles: seguridad, deuda pública, tráfico
de influencias, corrupción e impunidad son sólo algunos ejemplos de los abusos
de autoridad que realizan. Sin embargo,
esta realidad no sólo se vive en el PRI sino también en las entidades gobernadas
por la oposición. En todas existen
realidades similares aunadas a un control sobre los partidos que los impulsaron
a nivel local. El caso de Puebla es el
más evidente.
Hasta ahora, sólo en dos entidades
se ha definido candidato a gobernador por el PRI: Durango y Chihuahua. Cada uno con circunstancias particulares: en
Chihuahua se eligió un perfil que si bien no era el favorito en las encuestas,
ha dado resultados positivos en Ciudad Juárez como alcalde; en Durango, el
candidato salió de una lista de 5 aspirantes, lográndose un consenso –o
negociación- entre todos. El camino
apenas empieza y aún quedan pendientes por definir 10 entidades más (Colima es
la excepción puesto que hay proceso extraordinario y el PRI designó al mismo
candidato).
Y una de esas entidades es Quintana
Roo, donde, bajo una óptica personal, el PRI atraviesa por un momento crucial
en la definición de su candidato. De 7
aspirantes que en su momento habían manifestado abiertamente su intención, hoy
la competencia se define entre 2: José Luis Toledo Medina y Carlos Joaquín
González. El primero de ellos, es
diputado federal y su mayor mérito es ser un actor político muy cercano al
Ejecutivo local. El segundo, ex alcalde
de uno de los municipios más importantes de Quintana Roo (Solidaridad) y ex
subsecretario de Turismo federal, cuenta con el respaldo de su medio hermano y
Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y del Secretario de Turismo,
Enrique De la Madrid, para aspirar a la gubernatura.
Quintana Roo tiene una particularidad
con respecto al resto de los estados donde habrá elecciones: es el último que abrirá
su proceso electoral (hasta febrero), lo que permite a los aspirantes tener más
tiempo de hacer precampaña, como hoy lo realizan. Pero también se presenta un fenómeno que si
no es nuevo, sí es cada vez más intenso: la guerra interna. Las diferencias entre Joaquín González y el
grupo político que hoy gobierna Quintana Roo no son un secreto. Ambos aspirantes poseen hoy respaldos
importantes para ser designados candidato por su partido, lo cual debe darse en
las próximas semanas.
Aquí es donde surgen las
interrogantes. ¿Qué decisión tomará José
Luis Toledo si no es candidato por su partido o cuál será la reacción de Carlos
Joaquín si no le favorece el resultado? ¿Quién renunciará a su partido y
buscaría la gubernatura por otra fuerza política? ¿Qué reacción habría en caso
de que un tercero fuera designado en aras de buscar un equilibrio entre ambos
grupos políticos? ¿Qué tan incluyente sería el candidato designado y que tan
cooperativo sería el rechazado?
La única encuesta realizada en
Quintana Roo en diciembre pasado y daba una ventaja al PRI de 3 a 1 sobre
cualquier otra fuerza política. Esta
tendencia seguramente cambiará pues el porcentaje de indecisos es aún mayor pero
por un lado, deja en claro que la preocupación más importante para el PRI tiene
que ver con la designación de su candidato y la disyuntiva que puede generar si
uno de los dos aspirantes decide continuar su camino por la vía de otro partido
político. Y no parece estar fuera de la
realidad, pues uno de ellos, Carlos Joaquín, ha sido bien visto entre quienes
hoy representan la oposición en la entidad y otros, incluso, públicamente han
hecho manifiesto su apoyo a pesar que no tienen definido quién será el
candidato de su partido.
El PAN es quien mayor aceptación ha
mostrado de contar con la figura de Carlos Joaquín para representarlo en la
candidatura. Reducido al mínimo en
cuadros políticos competitivos, espera la resolución del PRI para definir a su
futuro candidato. ¿Qué harán aquellos
que, estando en otro instituto político, han expresado abiertamente su apoyo si
Carlos Joaquín fuese designado candidato en el PRI?
El apoyo de este sector de la
oposición en Quintana Roo puede representar un arma de doble filo para el
aspirante priísta y ex Subsecretario de Turismo. Por un lado, puede ser visto como una medida
de presión para obtener la candidatura, puesto que de no quedar, tiene la
opción de ir por otro partido y poner en riesgo la hegemonía priísta –al menos
en teoría- no sólo en el Poder Ejecutivo sino también en el Legislativo. Por el otro, puede ser una fortaleza puesto
que de resultar nominado candidato por su partido, un importante número de
simpatizantes no priístas se sumarían a su proyecto.
No dudo que la competencia es
intensa. Dos cuestiones me dejan
asombrado: la primera, que el PRI está en riesgo de perder la gubernatura e
importantes espacios en los ayuntamientos y el Legislativo local y, dos; que la
oposición dependa de lo que el PRI decida para definir su futuro político. Esta realidad no dudo que se reproduzca hoy
en otras partes del país.
El tintero.
Inicia 2016 y con ello la cuesta de
enero, misma que se ha hecho extensa a las entidades. El Distrito Federal, Nuevo León y Chihuahua
ocupan los primeros lugares en mayor cantidad de deuda, que oscilan entre los
41,300 y 67,500 millones de pesos. Sólo
dos entidades actualmente tienen su deuda equiparable al 100% de sus ingresos
totales: Quintana Roo, con el 101.1% y Coahuila, con el 100.9%.
11 aspirantes competirán por la vía
independiente en 8 entidades para obtener la gubernatura: de ellos, hay 3
expanistas, 3 expriístas, 3 empresarios, 1 profesor y un legislador
independiente. Deberán lidiar con la
compleja legislación estatal que pone más de un freno a sus aspiraciones.
Puerto Morelos es ya oficialmente
municipio. Desprendiéndose de Benito
Juárez (donde se encuentra Cancún), se convierte en el integrante número 2,446
y próximamente elegirá a su primer ayuntamiento.
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